El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es el acuerdo intergubernamental más importante de América Latina y el Caribe en la materia y la expresión regional del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. Contribuye, además, desde una perspectiva demográfica y de derechos humanos, al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Fue adoptado por los países de la región en la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo realizada en la capital uruguaya en agosto de 2013. Desde entonces se ha consolidado como uno de los instrumentos sobre población y desarrollo más avanzados del mundo: a través de sus diez capítulos promueve el enfoque de derechos en las políticas públicas de los países de la región, con una perspectiva de género, intercultural e interseccional. Desde su adopción, los gobiernos de la región han mostrado un fuerte compromiso con la implementación del Consenso de Montevideo, y las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo la academia, han tenido un papel crucial en este proceso. Al mismo tiempo, el Consenso de Montevideo ha contribuido a fortalecer la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y ha ayudado a alcanzar un mayor grado de conciencia en los países de la región sobre la importancia fundamental de la agenda de población y desarrollo, y de cuán imperativo es trabajar en todas sus dimensiones para atacar los factores estructurales que hacen de América Latina y el Caribe la región más desigual del mundo. Las desigualdades que aborda el Consenso de Montevideo se refieren al nivel socioeconómico, la edad, el territorio de residencia, la identidad de género, el origen étnico y racial, la orientación sexual, la condición migratoria y la discapacidad, entre otras. Por todo ello, y a diez años de su aprobación, la CEPAL reafirma que el Consenso de Montevideo es una herramienta clave para avanzar en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en la región, así como en la inclusión de los grupos de población en condiciones de vulnerabilidad, y para garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, sin dejar a nadie atrás.